Los libros de texto digitales revolucionan las aulas

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Cada vez está más extendido el uso de libros de texto digitales en el aula. A mediados de este mes, leíamos la noticia de que Bookboon había alcanzado los cincuenta y cinco millones de descargas en Estados Unidos (en 2011 consiguió el primer millón y espera llegar a cien millones en 2014). Este servicio de descarga gratuita pone a disposición del usuario más de mil libros de texto, y basa su modelo de negocio en la publicidad, y en el registro, análisis y venta de datos de sus usuarios a otras compañías.

Las posibilidades de este tipo de recursos son muy amplias, empezando por el hecho de que el profesor puede ofrecer a su alumnado contenidos y explicaciones en diversos formatos que complementen y enriquezcan la experiencia de aprendizaje: texto, imagen, vídeo, audio; así como monitorizar su trabajo y su evolución en la asignatura. Además, este tipo de desarrollos suelen ofrecer a los usuarios canales de comunicación online (mensajería directa, chats, foros) que complementan las clases presenciales.

En conjunto, estas herramientas pueden enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y la relación alumnado-profesorado, muy especialmente si este último forma parte del desarrollo de los contenidos de los libros de texto, como sucede en muchos casos. Sin embargo, también hay que tener presente el uso que se puede hacer (o se hace) del potencial de monitorización de estas herramientas y de los peligros que entraña.

La mayoría de los modelos de negocio en la Red (buscadores, redes sociales, plataformas de distribución de contenidos digitales, etc.) se nutren de datos personales para mejorar sus productos y servicios. No todas estas tecnologías cumplen las medidas de privacidad o el código de conducta que afirman cumplir, algo que debemos tener muy presente.

En este contexto de potencial invasión de nuestra privacidad, las instituciones culturales y educativas deben constituir puertos seguros que garanticen, por encima de los intereses económicos de las empresas, por muy legítimos que sean, los intereses públicos de la futura sociedad digital; y ayudar a sus ciudadanos a decidir el precio en datos que están dispuestos a a pagar a las empresas que ofrecen este tipo de servicios online.

 

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